Menos trenes en Castilla y León: así regalan los gobiernos socialistas mayorías al PP

Según el bando en liza, algunos lo llamarán justicia y otros, estrategia victimista. Pero lo cierto es que cada vez que el gobierno central de signo socialista ha anunciado recortes en servicios ferroviarios, el Partido Popular ha sacado buena tajada política del agravio. La actual polémica generada por el recorte de frecuencias de los trenes de Renfe que afectaría a Segovia, Medina del Campo y Sanabria, no es un acontecimiento novedoso en esta comunidad autónoma. Ni tampoco el impacto electoral que podría acarrear. Un vistazo a la historia reciente lo confirma con creces.

Era junio de 1987 cuando un bisoño José María Aznar, candidato de Alianza Popular al gobierno regional, afeaba a su oponente, el socialista Juan José Laborda, lo que Felipe González había hecho con Castilla y León desde 1984, cuando Renfe y el Ministerio de Transportes, al frente del cual estaba Enrique Barón, acordaron el cierre de aquellas líneas férreas deficitarias que no cubrieran el 23 % de los gastos de explotación. Era el anuncio del fin de las líneas Santander-Mediterráneo, Valladolid-Ariza y Palazuelo-Astorga. Como esto ocurrió cuando presidía la comunidad el socialista Demetrio Madrid, Aznar lo utilizó en la campaña de las elecciones autonómicas que le auparon, por la mínima, a la presidencia de Castilla y León en 1987. Pero no sería la única vez.

En efecto, hacía un año que Juan José Lucas se había estrenado en el Colegio de la Asunción con mayoría absoluta cuando desde Renfe se anunciaba un plan de reestructuración para enjugar el abultado déficit. Era junio de 1992, en plena crisis económica, y el plan incluía, entre otras medidas, suprimir todos aquellos servicios con gran coste debido a la escasa utilización de viajeros, salvo que fueran las comunidades autónomas las que se encargaran de cubrir el déficit de explotación. De las veintidós líneas afectadas, cinco pertenecían a Castilla y León: Burgos-Aranda-Madrid; Soria-Cantalejo; Medina del Campo-Puebla de Sanabria; Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro; y León-Busdongo.

La primera respuesta de Jesús Merino, consejero de Fomento en esos momentos, fue tajante: Castilla y León plantaría cara al agravio anunciado por Mercé Sala (presidenta de Renfe) y perpetrado, por extensión, por el gobierno socialista de Felipe González, cuyo ministro de Transportes era José Borrell. Fueron tres años de reuniones y tensión, apenas aliviados con el anuncio, en marzo de 1993, de la reapertura de las paradas de Bercianos del Real Camino y Calzada del Coto, en León. A finales de diciembre de 1994, desde el gobierno de la nación se insistía en la supresión de las líneas Medina del Campo-Zamora, Zamora-Orense y Madrid-Torralba-Soria-Castejón, y 58 servicios de otros recorridos, si no se lograba un acuerdo en marzo del año siguiente. Finalmente, a dos meses de las elecciones autonómicas, Fomento de Castilla y León y Renfe firmaban el convenio: Renfe se comprometía a mantener la línea Madrid-Soria-Pamplona, con un tren diario en cada sentido y uno semanal de Madrid a Soria; la línea Medina-Zamora-Puebla de Sanabria, con un tren diario, y la Madrid-Aranda-Burgos con un tren semanal. A cambio, la Junta abonaría 450 millones de pesetas para sufragar el déficit que generaban, y Renfe invertiría 47.000 millones, 12.500 en inversiones reales y 35.000 en conservación y mantenimiento. El 28 de mayo de 1995, el PP no solo reeditaba mayoría absoluta, sino que conseguía su segundo mejor resultado en unas elecciones autonómicas, al pasar de 43 procuradores en 1991 a 50, mientras el PSOE se hundía desde los 35 a 27.

Fue en medio de otra crisis económica, la de 2008-2012, y con otro gobierno socialista, el encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el PP de Castilla y León recibía otro «regalo» en forma de recorte ferroviario. Era mayo de 2010 y el entonces ministro de Fomento, José Blanco, anunciaba que, para cumplir con el ajuste presupuestario impuesto por la comunidad internacional, su departamento acometería un tijeretazo en licitaciones de obra pública de 6.400 millones de euros. Entre las obras afectadas (además de varias carreteras y autovías) se encontraba la licitación del AVE entre Cantabria y Madrid, que en lugar de pasar por Palencia solo lo haría por Bilbao. Blanco también anunció la supresión de la línea ferroviaria convencional entre Madrid y Burgos, esgrimiendo que apenas era utilizada por cuatro viajeros, a quienes animó a utilizar el autobús, «más cómodo que el tren».

Desde la Junta de Castilla y León, presidida por Juan Vicente Herrera, pusieron el grito en el cielo. José Antonio de Santiago (consejero de la Presidencia) y Antonio Silván (consejero de Fomento) afearon a Blanco moverse por motivos de rentabilidad económica y no social, señalando que su doctrina para el tren dejaría a los pueblos sin médico, mientras el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, amenazaba con romper el pacto de gobierno con el PSOE si el AVE a su comunidad no pasaba por Palencia. Este argumento tuvo mucho peso, pues a finales de julio, Blanco anunciaba la licitación, para 2011, de las obras para la vía palentina. Precisamente el 22 de mayo de ese año, el PP de Castilla y León conseguía su quinta mayoría absoluta consecutiva con el mayor número de procuradores en unas elecciones autonómicas: 53 frente a 29 del PSOE, el cual, paradójicamente, acababa de estrenar candidato regional en la persona de Óscar López Águeda, «pupilo» de José Blanco y actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

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