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Las organizaciones exigen ayudas directas ante el desplome del precio del cereal

Aunque las perspectivas auguran una cosecha récord de cereal en Castilla y León, el desplome del precio por debajo de los 200 euros la tonelada de media, ha llevado a las organizaciones agrarias a denunciar que un gran número de agricultores «no pueden cubrir los costes de producción». Reivindican medidas directas para frenar esta situación y se plantean el comienzo de un calendario de movilizaciones en unidad de acción, aunque todavía no barajan una fecha concreta.

La superficie de siembra ha crecido este año un 4,1% y, de momento, se prevé un aumento del 21% en la cosecha de cereal, hasta una producción en torno a los ocho millones de toneladas. Aunque, para que se confirme el pronóstico, todavía queda por completar el final de ciclo y dependerá de la situación climatológica y las posibles olas de calor.

«El gobierno y la Unión Europea tienen que ver qué quieren hacer, aquí no hay ilusiones ni optimismo, hay pesimismo y frustración, porque después de un trabajo bien hecho, unos gastos y unas buenas perspectivas de cosecha, no puede ser que el cereal se pague a una miseria», denuncia el presidente de Asaja, Donaciano Dujo. Por ello, apunta a que el Gobierno «tiene que tomar medidas de ayuda para compensar los gastos que tenemos y hacer rentables las explotaciones, o preservar los mercados y que suba el cereal». Dujo considera que este año «nosotros vamos a cosechar y otros harán el agosto».

En esta línea, el secretario regional de UPA, Aurelio González, reivindica que se cofinancie por parte del Gobierno central y la comunidad autónoma, una ayuda directa de cien euros por hectárea de cereal a los agricultores profesionales que «lo están pasando mal y viven exclusivamente de ello». El responsable de UPA explica que los costes de producción por hectárea se cifran en 750 euros. «Es necesario establecer los 250 euros por toneladas como precio mínimo exigible para poder vivir de una explotación agraria», apunta.

Por su parte, COAG calcula que, con ese escenario de precios, los cerealistas de Castilla y León dejarán de percibir alrededor de 890 millones de euros, «en tanto que el precio a partir del que podemos hablar de rentabilidad del cultivo sería de 300 euros la tonelada, algo que como puede verse, es una cantidad muy alejada de la realidad que configuran los citados precios de derribo».

Las organizaciones consideran que, a los altos costes actuales, se une la «amenaza inminente» de una subida de los aranceles a los fertilizantes de Rusia y Bielorrusia. «Eso provocaría una subida en los costes de la próxima campaña de 50 euros por hectárea, como mínimo, y otros 90 euros por hectárea al año siguiente», precisa Aurelio González. En este sentido, Donaciano Dujo lamenta que «los costes de producción sigan subiendo», apuntando a esos nuevos aranceles, mientras que «el cereal cada vez vaya más para abajo con las masivas importaciones que se hacen a Ucrania».

En este aspecto, desde UCCL se afea que se quieran tomar decisiones desde los despachos «sin ningún tipo de informe de impacto ni un análisis pormenorizado de las consecuencias». Apunta a que entran una media de 220.000 toneladas anuales de los fertilizantes procedentes de esos dos países. Según las estimaciones de UCCL, esos productos podrían ver incrementado su precio de entrada alrededor de un 17% en la primera fase de aplicación de los aranceles hasta julio del próximo año.

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