Listas de espera, abastecimientos, ruido, vivienda... las quejas de los castellanos y leoneses

El Defensor del Pueblo autonómico tramitó 2.129 quejas, de las que ocho eran múltiples (muchos ciudadanos reclamaban sobre el mismo asunto) e impulsó 144 actuaciones de investigación a iniciativa propia, de oficio, destacando varias para reclamar a los ayuntamientos actuaciones para garantizar la calidad del agua de boca, atajando la contaminación por nitratos, y la mejora de las redes para evitar pérdidas de caudal potable. Las administraciones aludidas estimaron totalmente casi el 89% de las resoluciones que formuló, pero hay responsables públicos que aún dejan de contestar si aceptan o rechazan lo que propone y, lo que es más dañino para el ciudadano afectado, no colaboran en el envío la documentación que pide para investigar las quejas.

El informe de Tomás Quintana es amplio, con temas clásicos y otros nuevos que se van incorporando a la galería de quejas. A partir de aquí, una pequeña muestra: listas de espera sanitarias, residencias de mayores, abastecimientos, ruidos y acceso a la vivienda.

El procurador ha gestionado quejas sobre el alumbrado público y el agua corriente. Las presentadas sobre este último servicio esencial le llevaron a ampliar la investigación de casos como el de un pueblo de Segovia cuyos vecinos tuvieron que dejar de usar el agua del grifo al estar contaminada con flúor. El Ayuntamiento decidió proporcionar botellas, pero solamente a los empadronados, mientras que el Procurador resolvió que en tanto que durara la contaminación se debía facilitar «agua potable a todos los usuarios, empadronados o no, para lo cual podría establecer algunas medidas de control que contribuyeran a evitar posibles abusos». Otros casos tenían origen en la presencia de nitratos o arsénico en el abastecimiento. Una queja sobre alumbrado en un pueblo de Palencia alertaba sobre el apagado de una farola en una calle con una curva pronunciada. ¿Desde cuándo? Desde que cuatro años atrás quedó inutilizada por un accidente. El Consistorio no había tenido tiempo para arreglar la luminaria, alegando que el lugar «no era el más adecuado».

Otro clásico que llama siempre a la puerta del Procurador del Común son los pacientes a los que se tarda en citar para pruebas diagnósticas, para pasar por quirófano. Hasta el punto de un caso en el que el enfermo recurrió a la sanidad privada para operarse un cáncer de próstata y pasaba una factura a Sacyl, que los responsables de este organismo se negaban a pagar. Quintana llama la atención sobre la desigualdad de trato en la lista de espera sanitaria, según la provincia de residencia. También sobre la falta de profesionales, con la fotografía que ofrece el Servicio de Oncología del Hospital del Bierzo o la demora para se citado en la Unidad del Dolor de Zamora. El Procurador instaba a la Consejería de Sanidad a aplicar medidas para avisar a pacientes y evitar el absentismo en consultas y pruebas diagnósticas y también reclamaba una mejora de la alimentación que reciben los sanitarios que están de guardia.

Las ayudas del alquiler son un clásico entre las resoluciones del Procurador. Son muchos los solicitantes y ese volumen repercute en la presentación de quejas. Quintana ha tramitado en 2024 reclamaciones de solicitanes del Bono de Alquiler Joven y resuelto que el personal de la Junta que se encargó de instruir sus expedientes lo hizo de manera «incorrecta», porque no les dio la opción de aportar documentación que faltaba. Se quedaron sin la ayuda mensual. Así se recoge en un informe en el que Quintana vuelve a instar a la Junta a impulsar «la puesta en circulación de viviendas en alquiler como opción de alojamiento para los jóvenes». Y sobre la tramitación de ayudas de alquiler el Procurador insta a la Administración autonómica a no demorar la respuesta a los recursos, pues supone dejar en situación de indefensión al ciudadano al que se le puede haber denegado la subvención por un error.

Casos en los que se cuestionaba el trato que recibían usuarios de residencias de personas mayores o la pérdida de servicios en estos centros ha motivado quejas al Procurador del Común, que le han llevado a «reclamar una eficaz actividad administrativa destinada a garantizar un trato adecuado y una atención de calidad». O, lo que lo mismo, a plantear el refuerzo de las inspecciones. En el ámbito de las residencia, al Defensor autonómico han llegado quejas peculiares, como las de familia que denunciaba la pérdida de la prótesis dental de un usuario sin que el centro se hiciera cargo del coste, y otras con más carga de profundidad por la falta de médico en el centro o de personal de enfermería, carencia que afectaba a personas con elevadas necesidades de atención por el deterioro de su salud y que suplían los profesionales de la sanidad pública, sobrecargándolos de trabajo.

El ruido es un caballo de batalla para vecinos que residen en el calles que acumulan negocios hosteleros. Es el caso de Valladolid, ciudad desde la que Quintana recibió la queja por las molestias que generaba la actividad de varias bocaterías «que funcionan únicamente durante las noches de los jueves, viernes, sábados y vísperas de fiesta, lo que provoca que en su exterior se concentren personas, normalmente jóvenes, lo cual determina que se escuchen voces y gritos en las viviendas». Y como en años anteriores, han llegado quejas «denunciando las molestias que causan las terrazas de los establecimientos hosteleros».

El Procurador del Común ha tramitado un expediente en el que los gestores de un hotelito rural en un pueblo de Soria se quejaban de los ladridos de varias perreras que había en las inmediaciones. «Una contaminación acústica podría afectar a la viabilidad económica al perturbar el descanso nocturno de sus clientes», alegaban. Las perreras estaban en suelo rústico y eran legales, pero eso no colisionaba con la obligación municipal de hacer mediciones de decibelios y requerir medidas correctoras a sus propietarios.