Castilla y León

La Junta acepta estudiar mejoras en el IRPF de las personas con discapacidad

Una factura que Fran Sardón, el presidente del Cermi (el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad), cuantificaba en «un sobrecoste del 25%» en comparación con la del resto de la población. Se trata de pagos que abarcan desde consultas médicas o fisioterapia privada adicionales a las del sistema público a material ortoprotésico, obras para adaptar las viviendas, transporte o alojamientos específicos.

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Consciente de esta realidad, el Alto Comisionado de las Cortes argumentaba en su resolución que «la reducción de la carga impositiva para compensar ese mayor gasto asociado a la discapacidad o para mantener la renta disponible en términos íntegros forma parte de las capacidades del sistema tributario para dar efectividad al principio de equidad en el reparto de las cargas tributarias». Y sostenía que actuar en este sentido en el IRPF estaba «claramente» justificado, no solo para atender una reivindicación social, sino «como manifestación de los objetivos marcados en la Constitución» de discriminación positiva.

Sus razones han convencido a la Consejería de Economía y Hacienda, que ha trasladado a Tomás Quintana «la Aceptación de la Resolución formulada en el sentido de analizar y valorar continuar mejorando los beneficios fiscales establecidos para las personas con discapacidad a través de modificaciones normativas futuras». El motivo de que se aplace la aplicación de la medida es que para hacer cualquier cambio en el tramo autonómico del IRPF es necesaria una ley, en concreto la que acompaña a los Presupuestos de Castilla y León de cada año, y no hay visos de que estos puedan aprobarse a corto plazo.

De hecho, la Junta ha prorrogado las cuentas de 2024 ante la certeza de que su anteproyecto para 2025 carecía de apoyo suficiente para salir adelante en el Parlamento. El PP, el partido que sostiene al Gobierno, necesita el apoyo de Vox pero rechaza sus condiciones, como escenificó el presidente Mañueco al hacer un gurruño con ellas en el hemiciclo. Esto implica que los «alrededor de 300.000 habitantes» con discapacidad que hay en la comunidad, según el Cermi, tendrán que esperar para disfrutar de una situación fiscal más favorable. En la actualidad pueden desgravarse el 15% de lo que inviertan en adecuar su domicilio habitual, con un máximo de 20.000 euros, y tienen deducciones de 300 ó 656 euros dependiendo de sus circunstancias.

La preocupación del Procurador del Común por ellos es una constante que ha expresado también en su último Informe Anual. En ese documento reconoció que en 2024 se produjeron «importantes avances en el marco normativo» que pueden contribuir a que sus integrantes tengan más oportunidades y más calidad de vida, pero al mismo tiempo recordó que «son muchas las barreras sociales, culturales y físicas que impiden su integración real en la sociedad». De ahí que pidiera a los poderes públicos que hagan de esto «un objetivo prioritario».